MI PROYECTO DE LEY ANTICORRUPCION

El Congreso Nacional

En nombre de la República

Ley No…….

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Considerando: Que la República Dominicana es signataria de la Convención Interamericana  Contra la Corrupción, aprobada en fecha 29 de marzo del 1996 y entrada en vigor el 6 de marzo del 2007, debidamente adoptada y ratificada por nuestras normas internas,

CONSIDERARANDO: Que conforme a plasmado en dicha Convención “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los  pueblos”;

 CONSIDERANDO que conforme a ello, se “exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”;

Pues, “el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”;

 CONSIDERANDO: Que por efecto de la aplicación de la referida convención se exige “la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción”;

  

Considerando que “para combatir la corrupción es responsabilidad del Estado la erradicación de la impunidad que estos actos generan para que su acción en este campo sea efectiva”; y

Considerando que la  "Función pública", toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. Que  "Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor público", cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.

Considerando que los fines de esta ley son bienes atacados por los actos de corrupción todo tipo de "bienes, los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos”.

Considerando: Que la corrupción administrativa realizada por personas que ocupan alguna función pública en los estamentos del Estado es un flagelo que atenta contra el desarrollo de los pueblos;

Considerando: Que la República Dominicana es un país en vía de desarrollo que a menudo se ha visto a los funcionarios de la administración pública envueltos en actos de corrupción que laceran el erario publico y el patrimonio del pueblo;

Considerando: Que es deber y obligación de los funcionarios públicos, sean electos o designados, observar un comportamiento ético y moral correcto en el ejercicio de sus atribuciones, y actuar en beneficio del Estado y sus instituciones;

Considerando: Que los funcionarios de la administración pública no pueden, al mismo tiempo, ser socios de las empresas del Estado ni realizar negocios con dichas instituciones, en detrimento del patrimonio del Estado;

Considerando: Que para garantizar la eficiencia de la ley en contra de los corruptos es preciso determinar que los actos desdeñables contra el patrimonio del Estado y de pueblo no prescriben en su persecución por constituir actos de lesa patria;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

LEY QUE ICRIMINA LOS ACTOS DE CORRUPCION

ARTICULO 1: Se considera acto de corrupción toda acción y omisión realizada por funcionarios de la administración pública en contra del erario y patrimonio del Estado, de sus instituciones, sean centralizadas o descentralizadas, contra los municipios o contra cualquier institución que para el desarrollo de sus fines reciba directa o indirectamente recursos del Estado.

Párrafo I: Se consideran igualmente corruptos aquellos actos cometidos por las personas indicadas en este artículo siempre que sus actuaciones procuren beneficiar a terceras personas, empresas, grupos privados naciones o extranjeros que se beneficien de los recursos del Estado.

Párrafo II:  También son reos de la infracción descrita en este articulo las personas que por medio de sus funciones públicas obtengan beneficios, faciliten contratos, igualas, asesorías, o promuevan negocios con el Estado utilizando su condición de funcionario y causándole daño al Estado.

Párrafo III. Se considera corrupto a toda persona o institución que para beneficiarse o para beneficiar a otras personas, grupos o instituciones de cualquier naturaleza que sean, contrata con ellas acuerdos o convenios que resulten advertidamente leoninos o dañinos para el Estado, o que sus cláusulas comprometan la responsabilidad civil de Estado.

ARTICULO 2: Las personas sindicadas como reos de violar el articulo 1 de esta ley serán sancionadas con una pena de veinte a treinta años de prisión mayor y con la confiscación de sus bines hasta el triple de la suma que haya sido enajenada. Los cómplices serán castigados con las mismas penas que los autores de este crimen.

Párrafo I: En el caso de que haya pruebas evidentes de la comisión de este crimen, el ministerio público, como medida precautoria y previa autorización del juez de la Instrucción, podrá proceder a confiscar los bienes del imputado y preservarlos hasta que intervenga sentencia firme sobre el caso.

ARTICULO 3: Cuando el acto de corrupción consista en violar procedimientos administrativos que perjudiquen la actividad administrativa del Estado, sin que ello degenere en perdidas materiales, la pena a aplicar será de uno a seis meses y multa de mil a quinientos mil pesos.

ARTICULO 4: Los actos de corrupción nunca prescriben.

ARTICULO 5: La persecución de los actos de corrupción podrá ser ejercida por el Ministerio Público de oficio, por los representantes de las instrucciones afectadas, por las organizaciones sin fines de lucro que se dediquen a esa actividad, por los colectivos de abogados o por cualquier persona.

ARTICULO 6: En los casos de retiro de la acusación por parte del ministerio publico, la persona o entidad querellante podrá continuar con la misma, para tales fines, el tribunal apoderado, previa notificación, concederá a dicha persona o institución un plano no menor de diez días para reformular la acusación.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil once (2011); años 168 de la Independencia y 149 de la Restauración.

José Parra Báez